Madrid, 8
de octubre de 2014. La Alianza Española contra la Pobreza alerta de que
la reforma fiscal aprobada hoy por el gobierno fomenta la discriminación, la
desigualdad y vulnera los derechos humanos, económicos y sociales de la
ciudadanía.
La Relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Magdalena Sepúlveda Carmona, ha sido muy contundente en su informe: la reforma aprobada hoy por el gobierno español
incumple con su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles
para garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
De acuerdo con el informe, los Estados tienen ciertos límites en la formulación
de sus políticas fiscales. Estos límites están principalmente marcados por su
obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las
personas y se concretan en: combatir el fraude y la elusión fiscal;
tomar medidas para evitar que las empresas de nuestro país no participen o
faciliten abusos fiscales o flujos ilícitos de capitales en otros países;
la implementación de políticas fiscales equitativas y redistributivas;
en garantizar el derecho a la participación, a la rendición
de cuentas, a la transparencia en la construcción de la reforma fiscal
y el diseño de políticas fiscales; en dedicar el máximo de recursos disponibles
para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en
tiempos de restricciones económicas severas; en eliminar los paraísos
fiscales y financieros ilícitos; en fortalecer la agencia tributaria; en
fortalecer la cooperación internacional o en regular el sistema financiero
internacional e implantar una tasa sobre las transacciones financieras.
Lejos de cumplir con las recomendaciones derivadas del informe
de la Relatora Especial, la actual reforma fiscal no propone medidas para
combatir firmemente la evasión ni el fraude fiscal, con lo que el Estado
español no estaría destinando el máximo de recursos disponibles para la
realización de los derechos económicos, sociales y culturales de su ciudadanía
y, por tanto, incumpliría con sus responsabilidades internacionales en
materia de derechos humanos.
La actual reforma tampoco incluye mecanismos para
exigir a las empresas españolas que sean transparentes en su información
financiera y fiscal tanto en España como en todos los países en los que
operan. El gobierno debería poner en marcha medidas que fortalezcan la
gobernabilidad, promuevan la transparencia y eviten los tratos de favor a
empresas extranjeras para conseguir inversiones que promueven la corrupción y
vulneran otro tipo de derechos, como son el derecho a la información, a la
transparencia y a la rendición de cuentas.
La escasa progresividad de la política fiscal española
impide que sea una herramienta eficaz para luchar contra la desigualdad. Las
reformas aprobadas por el gobierno español el pasado verano no hacen más que
agravar la situación. Se han realizado importantes reducciones fiscales a las
rentas salariales más altas pasando el tipo máximo del 52% al 45%, se ha
reducido de forma importante la ya bajísima tasa a la que tributaba la renta de
capital pasando ahora del 27% al 23% y se ha reducido aún más el impuesto de
sociedades bajándolo hasta el 25%. La actual reforma debería establecer una
progresividad real de impuestos con capacidad de redistribución, que preserve y
aumente progresivamente los ingresos de los hogares más empobrecidos. España
debe evaluar el impacto diferencial que tienen las políticas fiscales actuales
y las reformas propuestas en los diferentes segmentos de la población, en base
a criterios de derechos humanos.
Según el Observatorio de RSC el 94% de las empresas del
IBEX35 tiene sociedades en paraísos fiscales. Ninguna de ellas informa
sobre el tipo de actividades que realizan estas sociedades y solo una de ellas
da información desglosada sobre los impuestos pagados en cada país. La
legislación española permite que toda esta actividad sea perfectamente legal.
Es necesario que la actual reforma actúe decididamente contra la impunidad y
la opacidad de los paraísos fiscales. Algunas de las medidas que se pueden
llevar a cabo son: prohibición a la banca y empresas españolas de tener
filiales o sucursales en paraísos fiscales; gravámenes especiales a los
movimientos con paraísos fiscales; no reconocer personalidad jurídica a las
sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico
mercantil, impedir a las empresas con fondos o filiales en paraísos la obtención
de bonificaciones, concursos, exoneraciones fiscales y desgravaciones.
La Alianza Española contra la Pobreza insta al gobierno a
que se replantee esta reforma fiscal que vulnera los derechos humanos,
sociales, culturales y económicos de la ciudadanía, dentro y fuera de nuestras
fronteras. Animamos a la ciudadanía a denunciar la #RiquezaQueEmpobrece
participando en las acciones que desarrollaremos en todo el Estado tendrán
lugar la próxima semana, con motivo Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza.
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