TRABAJAMOS PARA EVITAR QUE LA CRISIS DE LA COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE HAMBRE

Fuente.- VSF JUSTICIA ALIMENTARIA.
12/05/2020 - 15:14

La Covid-19 está golpeando amplias capas de la población y agravando la situación de hambre en muchas zonas del mundo, por lo que es imprescindible seguir tejiendo una extensa red de alimentación local que asegure alimentos sanos y accesibles

Con la propagación de la pandemia por todo el mundo, se han agravado otros problemas que ya eran latentes en muchas sociedades y se pondrán en riesgo derechos básicos, como el de la vivienda y la alimentación. La crisis económica que está por venir es galopante y en muchos países en los que trabajamos peligra el hecho de poder alimentarse cada día. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que 187 millones de personas viven «inseguridad alimentaria moderada o grave» en Latinoamérica. Con respecto a África, la ONU recalcó a mediados de abril que el continente podría sufrir «los mayores impactos» de la crisis del coronavirus.

Desde Justicia Alimentaria consideramos imprescindible seguir trabajando para fortalecer los sistemas alimentarios locales de producción agroecológica basados en redes de producción, transformación y distribución local que aseguren una alimentación sana a toda la población. La Covid-19 nos ha enseñado la importancia de disponer de producción local propia de productos esenciales para la vida, a no depender de terceros. La alimentación es y será un bien esencial que hay que proteger en cada territorio como si fuera un tesoro. Por eso trabajamos por una agricultura dirigida a la alimentación de la población, ya que los sistemas agroexportadores, además de generar problemas medioambientales y sociales, también generan inseguridad alimentaria, sobre todo en momentos de crisis. Frente al modelo de producción y distribución agroindustrial, promovemos sistemas de producción local diversificados y extensivos, con circuitos cortos de comercialización, que generen riqueza en las economías locales, respeten el medio ambiente y aseguren al campesinado precios justos que les permitan vivir de su trabajo. Además, ponemos una atención especial en el apoyo a las mujeres y sus actividades productivas para mejorar sus condiciones de vida.

En la República Democrática del Congo, la mayoría de su población vive por debajo del umbral de pobreza, con un índice cercano al 85 %. El objetivo de nuestro trabajo en el país es transformar el peso demográfico de la población campesina en peso económico con la creación de empresas cooperativas agrícolas. Las organizaciones campesinas deben adquirir mayor peso económico, por lo que hay que seguir fortaleciendo sus capacidades para que logren ser viables y sostenibles a largo plazo.

En Senegal, la Covid-19 está conduciendo a la inseguridad alimentaria, el hambre y la pérdida de ingresos. Algunos productos perecederos (pescado, leche y productos hortícolas) están perdiendo valor debido al cierre de los mercados semanales —conocidos como louma— y las enfermedades animales ya no se tratan. Una de las premisas básicas de este tiempo es dejar de importar a Senegal productos que afecten a ciertos sectores (hortalizas, frutas, aves, etc.) para permitir que las productoras del país vendan sus existencias. En este sentido, es esencial establecer una buena infraestructura para asegurar una conservación óptima de los productos perecederos. A su vez, estamos trabajando en la mejora de la productividad de huertos dirigidos por mujeres, en la mejora del funcionamiento de los mercados territoriales y en la promoción de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos.

Desde Justicia Alimentaria seguiremos trabajando para fortalecer sistemas alimentarios locales hegemónicos que aseguren una alimentación sana a toda la población y llamamos a la solidaridad entre pueblos para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. Necesitamos seguir creando y apoyando este tipo de redes, la alimentación de las personas no puede depender del capital extranjero, del buen funcionamiento de puertos, aeropuertos y mercados mayoristas que ofrecen alimentos kilométricos expuestos a la especulación y la volatilidad del mercado. Los Estados deben disponer de redes de producción y distribución propias para alimentar a su población, solamente así podremos salir de la crisis que ya empieza a azotar a amplias capas de la población. Solamente así podremos construir con justicia social.

CAMERUNESES MAESTROS DE LOS INVASORES PROPIETARIOS DE TIERRAS

La Compra masiva de tierras por multinacionales extranjeras constituye una amenaza para el desarrollo y la seguridad alimentaria del país.

Según un estudio del observatorio mundial sobre las adquisiciones en propiedad a gran escala, los grupos americanos SOLARIS y SITHE GLOBAL han obtenido respectivamente 94000 ha y 50000 ha en el Suroeste de Camerún para la producción de aceite de palma, los malasios de SIME DARBY solicitan 500.000 ha para cultivar palmera de aceite y  hévéa; el grupo HARISON MALAYALAM LTD, 20.000 ha; la sociedad agro-industrial SUD-CAMEROUN HEVEA, obtiene 25.000 ha .Su primer vivero de hévéa se realiza en Mayo 2019.

En el 2018, en una nota dirigida a las autoridades públicas, los rivereños de las plantaciones de la sociedad anónima HÉVÉA de Camerum ( Hévécam) en los distritos de Lokoundjé y de Kribi II, situados en la región sur del país, acusan abiertamente esta filial del grupo chino SINOCHEM INTERNATIONAL , de ocupar sus tierras de cultivo yendo más allá de ciertas concesiones hechas . Una situación que los priva de medios de subsistencia generalmente necesarios para la práctica de actividades agrícolas sobre las tierras disputadas.

RESISTENCIA AL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

Varios proyectos de plantación de palmeras de aceite señaladas en el curso de estos 10 años han sido abandonados o no se han llevado a término.

Las dificultades encontradas por las empresas se explican en parte por  la resistencia que encontraron por parte de las comunidades concernientes y por grupos nacionales e internacionales que obligaron al gobierno a reducir las concesiones acordadas a la empresa americana HERAKLE FARM DE 73.000  ha a menos de 20.000 ha.

Debido a este inconveniente, la sociedad americana que sostenía la empresa abandonó el proyecto. Los nuevos inversores no han podido proseguir el proyecto.

En este contexto la expansión de las plantaciones de Pamol han sido limitadas.

Las poblaciones víctimas de estos acaparamientos de tierras piensan de manera unánime que hay que prohibir inmediatamente todos los futuros proyectos de las grandes plantaciones de palmeras de aceite.

Hay que poner término a lo que se está realizando porque no respetan el acuerdo. Donde ya existen grandes plantaciones, las tierras deben ser colocadas bajo el control de las comunidades locales. Los contratos de concesión firmados con las sociedades que están violando la ley y los derechos de las comunidades locales, deben ser suspendidos.

Publicado: el 29 de febrero 2020 en Camerún

Origen: Eco Martin 29/02/2020