07/04/2022
Han pasado 10 años desde que el Real Decreto-Ley 16/2012, impulsado por el Gobierno del Partido Popular, acabó con la sanidad universal en España. Desde entonces, ha habido enmiendas que han mejorado la situación, como la reforma que aprobó el Gobierno socialista en 2018, pero todas han sido insuficientes. La exclusión se ha seguido dando en todo el país. Prueba de ello son los más de 5000 casos documentados por REDER en estos cuatro años, una cifra que solo representa la punta del iceberg de un problema cuyas dimensiones reales son mucho mayores.
Publicado en Salud por Derecho
En ese contexto, hoy, Día Mundial de la Salud, nos hemos concentrado a las puertas del Ministerio de Sanidad para hacer entrega de un manifiesto firmado por más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y casi 1400 profesionales sanitarios en el que reclamamos al Gobierno que ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros. Las personas y organizaciones firmantes denunciamos que el texto en el que trabaja el Gobierno no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora anterior y pedimos una vuelta urgente al “modelo de sistema sanitario universal previo a 2012”.
Una de las principales críticas es que el anteproyecto diferencia el derecho a la atención sanitaria en función de la situación administrativa de la persona, exigiendo más requisitos a quienes están en situación irregular. Es primordial que haya “una atención sanitaria cubierta con fondos públicos para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, y sin trabas”, decimos las organizaciones.
Asimismo, reclamamos que se elimine el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para obtener la asistencia sanitaria. El único criterio para reconocer este derecho a las personas extranjeras debería ser la residencia efectiva en el país, algo que puede demostrarse por medios como el empadronamiento, certificados de escolarización de menores a cargo o informes de organizaciones sociales. “Actualmente, esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y, en algunos casos, está poniendo en riesgo su vida. El temor infundado al llamado ‘turismo sanitario’ no justifica esta medida para la que ya existen otros mecanismos de control”, denuncia el manifiesto.
Además, las entidades y personas firmantes exigimos que se garantice, siempre y en todo caso, la asistencia con cargo a los fondos públicos a personas menores de dieciocho años, embarazadas, solicitantes de protección internacional, apátridas y víctimas de trata, así como a todas las personas que necesiten atención de urgencias y en situaciones de salud pública.
En el caso de las personas ascendientes que llegan a España en procesos de reagrupación familiar, también pedimos que se promuevan las modificaciones legislativas para que tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos, algo que todavía no aparece recogido en el nuevo texto del Gobierno, a pesar de haberse comprometido a ello.
Además, reclamamos que se garantice la inclusión del derecho a la prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa y que se reconozca, de forma expresa, la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad.
El manifiesto también recuerda la importancia de eliminar las llamadas «Recomendaciones para la aplicación del RDL 7/2018 de Junio de 2019» que existen actualmente y que, a pesar de ser un texto de menor rango legal, son más restrictivas que la norma y son utilizadas por algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, para excluir a grupos de personas, como han denunciado recientemente muchas de las organizaciones que trabajan en la capital.
Del mismo modo, pedimos que la nueva ley contemple una evaluación del impacto que han tenido en el ámbito de la salud los reales-decretos 16/2012 y 7/2018 y las barreras que siguen obstaculizando la cobertura sanitaria universal.
En resumen, “pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad, que redacte una ley que otorgue tarjeta sanitaria a todas las personas para garantizar su acceso y que vele por la equidad y la ausencia de discriminación en la aplicación de la ley en todo el territorio español”.
Manifiesto: Es hora de recuperar un sistema sanitario universal en España.
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